El contexto económico y social en el que se desenvuelven las sociedades contemporáneas requiere una profunda modificación de los textos constitucionales que establecen los principios generales de las instituciones básicas del Estado y que vertebran su regulación. En este sentido, uno de los retos que enfrenta la sociedad europea consiste en la articulación de un modelo constitucional que, respetando los principios básicos del constitucionalismo sobre democracia, participación ciudadana, control del poder y respeto a los derechos humanos, se ajuste al proceso de globalización que se extiende por todos los ámbitos de la vida económica, social, cultural y política. Un proceso que ha dejado claro que la clásica fórmula del Estado-nación debe ser replanteada también en términos constitucionales.

A ello se suma que la crisis financiera ha afectado negativamente al proyecto de consolidación de los derechos constitucionales, la implementación de una justicia distributiva en los países ricos, la cooperación internacional solidaria y la preocupación por la sostenibilidad del medioambiente. Asimismo, los efectos de la crisis se han extendido al ámbito de los derechos de participación ciudadana, afectados negativamente por el crecimiento de las decisiones institucionales que se adoptan al margen de los clásicos canales representación de las sociedades democráticas.