Réquiem por la universidad española – Rafael Escudero Alday

Rafael Escudero AldayLas últimas medidas aprobadas por el Gobierno del PP suponen un paso decisivo en la lenta pero inexorable caída a los infiernos de la universidad española. A la subida de tasas y disminución de becas para el alumnado, hay que sumar los recortes en infraestructuras, proyectos de investigación, ayudas para la formación continua de su personal (docente y de administración y servicios) y, sobre todo, reducción de su profesorado. En suma, es el ataque más grave contra la universidad y su autonomía producido en los últimos tiempos por Gobierno alguno.

Y todo ello por decreto ley, sin negociación ni consenso y sin esperar, por cierto, a los resultados de la “comisión de expertos” nombrada por el señor Wert, ministro de Educación, a los efectos de detectar problemas y presentar propuestas de mejora para la universidad española. Si este es el trato que se dispensa a la citada comisión por parte de quien les nombró, bien harían sus integrantes en repensarse el papel que están cumpliendo ahí.

El ministro Wert justifica estas medidas en la búsqueda de la excelencia, mantra con el que se resume toda una filosofía sobre la universidad española que –amplificada por algún que otro rector– se ha extendido por escuelas, facultades y la propia opinión pública. Para ello, se parte de la consabida tesis de la ineficiencia del sector público y de sus mecanismos propios de funcionamiento; por ejemplo, se descalifica la forma de selección del profesorado universitario, se critica la presencia de los sindicatos en este foro y se llega a cuestionar incluso la elección del rector por la propia comunidad universitaria.

En segundo lugar, se critica a quienes allí desarrollan su labor profesional. Dado que la mayoría son funcionarios y empleados públicos, a ellos le son aplicables al pie de la letra los calificativos dirigidos a estos últimos: vagos, privilegiados y acomodados. Traducido en términos universitarios, que damos pocas clases, que no formamos buenos profesionales,  que no publicamos en prestigiosas editoriales y revistas internacionales y que somos una remora, en suma, para una futura universidad de calidad.

Abanderado de esta tesis, el ministro Wert invoca como prueba de la misma los rankings que muestran la ausencia de centros españoles entre las cien mejores universidades del mundo. Sobre la validez de estos rankings y de los intereses de quienes los hacen, hay serias y acreditadas dudas. En cualquier caso, y dejando al margen esta polémica, lo que muestran con claridad es la relación directa entre la posición en la lista y el porcentaje del PIB que cada país dedica a investigación y desarrollo.

De esas cien universidades la inmensa mayoría (salvo la Universidad de Moscú, pero esa es otra historia) pertenece a países que dedican entre el 2,3% y el 3% de su PIB a investigación y desarrollo, mientras que España se encuentra en el 1,3% y bajando (según datos del Instituto Nacional de Estadística). El desprecio que al ministro Wert le merece este dato demuestra su profundo desconocimiento de la universidad española y sus mecanismos de financiación.

A cambio, se prefiere colocar al profesorado en el punto de mira. Se le reducen los salarios, los incentivos y los recursos para la investigación y la docencia. Esta situación se  ve agravada por la todavía inacabada implantación del llamado Plan Bolonia, que ha supuesto un cambio radical tanto en la organización de las enseñanzas como en la propia metodología docente. Conviene recordar que este plan se había puesto en marcha no hace tantos años por el entonces Gobierno socialista. Y que se hizo “a coste cero”, eufemismo utilizado para decir de forma suave que no se iban a dedicar más recursos para ello que aquellos con los que ya contaban las universidades.

Con independencia de la valoración que merezca esta nueva organización de las enseñanzas universitarias, justo es reconocer que solo se ha podido poner en marcha gracias al esfuerzo y buen hacer de esos vagos, acomodados y privilegiados empleados públicos que trabajan en las universidades.

Ahora, el PP aduce que la mejor forma de mejorar la calidad universitaria es reducir sus recursos. Para ello, además de las medidas señaladas líneas atrás, dirige su atención sobre el profesorado en formación, es decir, aquel que todavía no ha accedido a la categoría “maldita” de permanente, bien por la vía funcionarial bien por la laboral. El Ministerio que dirige Wert ha ordenado la paralización de la oferta de plazas de profesorado para el curso que comienza, amenazando incluso con recurrir a los tribunales y denunciar a las universidades que osen convocar concursos. Con ello se impide la promoción de los que ya han agotado –con éxito– su período de formación y que se encuentran a la espera de acceder a la condición de profesorado permanente.

Tengamos claro cuál es el perfil general de este colectivo de docentes. Se trata de personas que oscilan entre los 30 y 40 años, que después de terminar su tesis doctoral accedieron a una beca postdoctoral o a un contrato de profesor ayudante. Para ello tuvieron que formarse en idiomas, realizar estancias de investigación en el extranjero (frecuentemente, con escasos recursos y ayudas), publicar libros y artículos en los que mostrar a la comunidad científica los resultados de su investigación, concurrir a convocatorias competitivas para obtener proyectos de investigación, aprender las nuevas técnicas de metodología docente tan de moda en los últimos tiempos y ser evaluados periódicamente en su trabajo por agencias estatales y regionales según criterios y estándares de “excelencia internacional”.

Ademas, dan clases como el resto del profesorado permanente. Por cierto, cualquiera que haya pasado un mínimo período en una universidad estadounidense sabe que la importancia que allí prestan a la docencia es mucho mayor que la que están dispuestos a concederle aquí los profetas de la excelencia.

Pues bien, en no pocos casos este profesorado en formación da tantas clases y tiene las mismas responsabilidades docentes que catedráticos y profesores titulares. Todo ello, con contratos –esos contratos que ahora se extinguen y cuya renovación o promoción se impide manu militari– que a duras penas superan los 1.500 euros mensuales. Curiosa forma esta de fomentar la calidad de la universidad pública: mandar al paro o a Laponia a los mejor formados.

En suma, estamos ante un paso más en el desmantelamiento de otro de los servicios públicos a través de una estrategia de sobra conocida. Descapitalizarlos para después privatizarlos. La sanidad, la educación pública no universitaria y ahora la universitaria. ¿Cuál será el siguiente? ¿A qué estamos esperando para evitarlo?

Rafael Escudero Alday

Publicado en: Eldiario.es

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