Pensar la división sexual del trabajo – Begoña Marugan Pintos

Begoña Marugán PintosLa división sexual del trabajo ha sido una de las bases de la desigualdad entre hombres y mujeres. El binomio ilustrado: público-laboral-empleo-masculino versus privado-doméstico-trabajo doméstico-femenino parecía estarse quebrado en una sociedad tendente a la igualdad entre los sexos. Sin embargo, esto no era.

El informe del Consejo Económico y Social (2012) señalaba que sigue existiendo el modelo de varón sustentador en España, sobre todo entre los grupos de más edad y los de niveles formativos más bajos. Hay un 41% de mujeres “inactivas” por razones familiares. España sólo es superada en esta cuestión por Malta, Chipre y Estonia. En el 32% de los hogares el hombre desempeña un trabajo remunerado a tiempo completo y la mujer es ama de casa también a tiempo completo.

Sería ideal pensar en un reparto del empleo, en trabajar menos horas para trabajador todas y todos y en que no hubiera “trabajos de hombres” y “de mujeres”, pero para actuar en el terrenos laboral se precisa modificar la realidad familiar y acabar esa distinta valoración del empleo remunerado y la falta total de reconocimiento del trabajo de cuidados que mayoritariamente realizan mujeres.

¡Señores que el trabajo de cuidados también es trabajo!

A pesar de estos tiempos difíciles de ausencia de empleo, o quizá precisamente por esta carencia, creo más necesario que nunca seguir insistiendo en la importancia y el valor de todas las formas de trabajos y preguntarnos qué tipos de trabajo y en qué condiciones nos permitirían tener una vida que mereciera la pena ser vivida. El empleo es trabajo asalariado, cuyas condiciones de actividad, de obligaciones y derechos están regulados en el marco de la ley, definidos por el Estado y los convenios colectivos pactados por sindicatos y patronales, pero existen otras formas en que se presenta el trabajo.

Desde el feminismo se ha reiterado que el empleo no es más que una de esas múltiples y variadas formas de trabajo. Es necesario otorgar valor también al trabajo doméstico, voluntario, comunitario y político ya que las personas obtienen derechos sociales únicamente a partir de su posición activa en el mercado laboral. Una persona que ha estado empleada puede obtener una prestación si se queda parada o una pensión de jubilación cuando llega a su vejez, sin embargo, otros trabajos -como el doméstico y de cuidados no remunerados, al que se dedican muchas mujeres- no gozan ni de valor, ni de reconocimiento.

En España hay un total de cuatro millones de amas de casa – tres millones seiscientas mil mujeres y cuatrocientos mil hombres-. Esta población realiza tareas de socialización y atención imprescindibles en la educación y formación de los sujetos. Su trabajo invisible permite al resto de los miembros de la unidad familiar aportar su tiempo, capacidad y esfuerzo en el ámbito público. El trabajo de cuidados es imprescindible para la vida y sin embargo a las personas que lo desarrollan cotidiana y constantemente se les considerada población inactiva. Ante esta injusta realidad se lleva años oponiendo el Movimiento Feminista. La valoración del trabajo doméstico y de cuidados y de todo el trabajo que hacen las mujeres –sea o no remunerado- ha sido uno de los ejes del feminismo. “El ama de casa trabaja todo el día y luego le llama persona inactiva” se lleva coreando décadas en las manifestaciones del 8 de marzo.

El trabajo doméstico fue una de las teorías fuertes del feminismo marxista de los setenta, que ahora se precisa recuperar y repensar. Es necesario dar valor a este tipo de trabajo, sin que esto suponga dar más argumentos a la ideología dominante que clama por meter nuevamente a las mujeres en casa. Conseguir que se reconozca el trabajo doméstico y de cuidados y su importancia sin que contribuya a aumentar aún más la división sexual del trabajo es todo un reto. Entender que cuidar a nuestras hijas e hijos y a nuestras madres y padres es un derecho y un deber de hombres y mujeres es el camino de la corresponsabilidad que permitiría de verdad mermar la discriminación laboral de las mujeres. Dejo para otros artículos el debate sobre los permisos iguales e intransferibles para hombres y mujeres y la necesidad de racionalización y disminución de las jornadas de trabajo para repartir el empleo, pero conviene volver a recordar la importante labor social que están realizando las mujeres y cómo ellas solas  – pagando con sus salud y su tiempo – están solventado una de las crisis más profundas que padecemos: la crisis de cuidados.

Y hasta ahora ellas lo están haciendo casi solas

En este momento el envejecimiento de la población supone una mayor demanda de asistencia en la vida diaria; máxime cuando la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, reforzó la idea de que todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas, pero se detuvo poco en el papel de las personas cuidadoras. La realidad evidencia la mayor demanda de asistencia de una población a la que impropiamente se la denomina “dependiente” como si el resto fuera “independiente”. Desde el punto de vista demográfico, España sigue un proceso de envejecimiento. En 2011 había 8.221.047 personas mayores. Según el Avance de Explotación del Padrón, el 17,4% del conjunto de la población tenía 65 o más años y sigue creciendo la proporción de octogenarios que representa el 5,3% de toda la población. Cada vez más personas precisan cuidados, pero las mujeres, que han sido las dadoras de cuidados tradicionales, ni quieren, ni pueden seguir dándolos. Esta situación no es nueva y la paradoja de la “necesidad, imposibilidad” se formuló hace un tiempo. La solución pasaba, en buena lógica, porque el Estado asumiera la responsabilidad de la atención de las personas dependientes. Sin embargo, a pesar de aprobarse una ley que parecía intentarlo, el resultado fue muy distinto. En lugar de seguir el modelo universal de los servicios públicos de atención y cuidado que caracteriza al modelo de bienestar de otros países como los escandinavos,  la mayoría de los cuidados se siguieron realizando mediante cuidadoras familiares no profesionales por unos pocos euros y la cotización de la Seguridad Social – ya eliminada -.

La situación obviamente no era buena puesto que, además de otros problemas en la aplicación de la conocida como Ley de Dependencia, se seguía reforzando la división sexual del trabajo en la que las mujeres debían hacerse cargo del trabajo de cuidados. Quien podía permitírselo contrataba parte de este trabajo, muchas veces a otra mujer inmigrante, y quien no, debía renunciar a salir al mercado laboral. Según la EPA de 2013, hay 505.300 mujeres que no buscan empleo por cuidar niños/as o personas adultas enfermas, discapacitadas o mayores y 1.239.600 que no lo hacen por otras responsabilidades familiares.

Estábamos mal, pero cada vamos a peor. Las políticas de austeridad y su utilización ideológica están aumentando la desigualdad, también entre los sexos y lo han empeorado aún más. Con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el Gobierno desactivó la Ley y la reducción de 1.300 millones de euros anuales en su financiación supuso la práctica desactivación de la misma. Además, los recortes en sanidad, educación, servicios sociales, atención a la violencia de género, etc. han supuesto, en 2013, una pérdida de 109.091 empleos en las administraciones públicas, donde el 56% del personal es femenino, y la aplicación de la reforma de la Administración local supondrá la destrucción de miles de puestos de trabajo asalariados para las mujeres, además de la consiguiente pérdida de servicios de atención y cuidados que el Estado vuelve a dejar en manos de las familias y que recaerán, como estamos viendo, sobre las mujeres.

La desigualdad no sólo persiste, sino que se agranda y por ello, ante esta ofensiva patriarcal, conviene actuar y sentarnos a pensar.

Begoña Marugán Pintos

Integrante del Gidyj

Publicado en: nuevatribuna.es

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