La caza del hombre y el colapso estatal – Edgardo Rodríguez Gómez

Edgardo Rodríguez Gómez¿Qué pueden haber compartido ciudades tan distantes y ajenas como Rosario en Argentina, Juliaca en Perú y Pierrefitte-sur-Seine en Francia durante el primer semestre de 2014? La respuesta es la coincidencia de un fenómeno: la caza del hombre, un proceder violento que en las urbes mencionadas ha dado protagonismo exclusivo a la venganza privada; y con ella, a la irrupción incontrolada de emociones reflejadas en sadismo y crueldad, incluyendo, en otro plano, la renuncia a premisas teórico-políticas que garantizan la coexistencia en el cuerpo político estatal.

Se ha tratado, en definitiva, de un proceder circunscrito a un periodo en cuyo extravío se pone en evidencia a un Estado en colapso mientras experimenta el convulso paréntesis que hace a un lado el presupuesto sociológico característico de los estados de la modernidad, según M. Weber (1919): el monopolio del uso de la fuerza, que ha devenido legítima sólo en manos de sus funcionarios.

Antes de incidir en los presupuestos que dan fundamento a los estados modernos, y que han resultado trastocados, es necesario detenerse en la experiencia compartida de la caza del hombre, que a decir de W. Sofsky (2006: 156), en su Tratado sobre la violencia, “es uno de los rasgos fundamentales de la historia de la cultura hasta nuestros días” y tiene una de sus manifestaciones en los linchamientos de vecinos o extraños.

Sus protagonistas, por un lado, son cazadores que se despojan de cualquier disposición a ajustar su conducta a los límites impuestos ya sea por las leyes estatales y/o la moralidad individual haciendo que se desvanezca temporalmente el ciudadano, agente individual, y se abra paso la “jauría humana”, siempre colectiva; mientras, por otro lado, el perseguido va siendo desprovisto de toda consideración como sujeto de derechos una vez que se le ha ido privando de la dignidad humana al sobrepasar incluso la situación del esclavo -a quien al menos puede concedérsele conservar la vida a cambio de su libertad- deviniendo consecuentemente en “presa”, destinada sin mayores miramientos al sacrificio que ha de ser pagado con su propia sangre.

Poco importa en el fondo si la presa es inocente o culpable, el mecanismo del linchamiento, variante vigente de la caza del hombre, no favorece el discernimiento, siendo atávico tampoco es un fenómeno del pasado ni se halla circunscrito a las prácticas de determinadas culturas por más que se les haya endosado el calificativo de primitivas; todo lo contrario, es una especie de pulsión irracional colectiva inextinguible que irrumpe en grados variados en escenarios urbanos como los mencionados, situados en diferentes Estados.

Ahora bien, el Estado moderno –o en ciernes–, sea argentino, peruano o francés, asienta sus bases institucionales en premisas teóricas destinadas a asegurar la erradicación en su ámbito territorial de aquello que T. Hobbes en El Leviatán denominó “bellum omnium contra omnes”, la guerra de todos contra todos a que da lugar la angustiosa lucha por la sobrevivencia en un estado de naturaleza pre-estatal que impone a cada quien velar por su propia seguridad. A falta de Estado, a cada individuo o colectivo familiar corresponderá defenderse como les fuese posible. Esa es la consecuencia trágica del colapso institucional, que no obstante, tampoco puede servir para justificar la cruenta caza humana.

La necesidad de dar paso al Estado exigía como requisito una renuncia de los individuos a su derecho de recurrir a la violencia por su cuenta –venganza privada– contra aquellos que les agraviasen, trasladando tal derecho de autotutela a un cuerpo político estatal que, conforme a Hobbes, incluso alcanzaría el título de soberano. Sólo éste asume desde tal renuncia la atribución de brindar seguridad y desterrar la incertidumbre en que sobreviven los individuos sometidos a la ausencia de racionalidad que es el resultado de la retribución carente de la mediación de un tercero no individuo sino institución: el Estado.

Pero el Estado para garantizar la seguridad no puede sólo fundarse en la fuerza, requiere también del Derecho que permitirá hacer uso de aquélla legítima y racionalmente. Es indispensable, por ello, dar una mirada al proceso que involucra la legitimización racional del Estado como tercero imparcial que no queda confundido con la fuerza, a la que, no obstante, siempre puede recurrir en necesarias y justificadas intervenciones como consecuencia de sus atribuciones coercitivas. Para tal fin, resultan de gran ayuda las ideas de H. Kelsen (2008[1944]:39), especialmente su obra La paz por medio del Derecho donde logra apuntar una propuesta lógica y jurídicamente coherente con su afán de dar cauce teórico a aquello que consideraba “[l]a característica esencial del derecho como un orden coercitivo[:] establecer un monopolio de la fuerza común”.

En continuidad con las conclusiones adelantadas por M. Weber, quien hubo retratado al Estado sociológicamente, el iusfilósofo austriaco somete al Poder (Estado) al Derecho, identificando –de modo ciertamente reduccionista– al primero con un orden normativo que requiere, para garantizar la paz al interior del territorio estatal, de la vigencia de un ordenamiento jurídico unitario y centralizado.

Prescindiendo de entrar en detalles acerca de la cuestionada identificación entre Estado y Derecho, que haría del Poder estatal “realidad jurídica” (Peces-Barba, 1996: 326), lo que interesa más bien para efectos de este ensayo es la reconstrucción que hace Kelsen en el trabajo mencionado del proceso de juridificación de la fuerza, la cual pasa de ser empleada por los individuos a resultar reservado su empleo estrictamente a la comunidad jurídica convertida en Estado: “el tipo más perfecto de un orden social que establece un monopolio de la fuerza por la comunidad” (Kelsen, 2008[1944]: 40).

Pero, la comunidad en sí, orden social menos perfecto que el Estado al que antecede, presenta ya los rasgos que habrían de dotar de legitimidad a la institución estatal para el empleo de la fuerza. Kelsen (2008[1944]: 39) lo explica de este modo: “El empleo de la fuerza, prohibido en general como una transgresión, es permitido en casos excepcionales como una reacción contra la transgresión, es decir, como una sanción. El individuo que, autorizado por el orden social, realiza actos coercitivos contra otros individuos actúa como un órgano de orden social o –lo que es igual– como un agente de la comunidad constituida por ese orden. Solamente el individuo por medio del cual actúa la comunidad, sólo el órgano de la comunidad es competente para realizar un acto coercitivo como una sanción dirigida contra el violador del orden, del transgresor. El orden social hace así del uso de la fuerza un monopolio de la comunidad y al obrar de ese modo pacifica las mutuas relaciones de sus miembros.”

Como puede apreciarse en el párrafo anterior, el gran jurista austriaco anticipa en el orden social de la comunidad, previo a la institucionalidad estatal, la exigencia de canalizar la violencia sólo a través de los órganos especializados de ésta. No pueden, por ende, hallarse elementos para sostener que el proceder espontáneo y sin liderazgo comunal de la “jauría humana” recibe los atributos de la comunidad como un “órgano coercitivo” de ésta que le autoriza a emplear la violencia como una sanción contra el supuesto, o capturado en flagrancia, delincuente.

Kelsen (2008[1944]:39) iría más allá en su afán por explicar el proceso de centralización del uso de la fuerza, pues dirige su reflexión no sólo hasta la organización social que antecede a la conformación del Estado: la comunidad, como ya se ha señalado, sino que hace una reflexión en torno al cuerpo social que antecedería a esta última: la comunidad primitiva en la que, a su vez, “sólo se permite a ciertos individuos realizar actos coercitivos en ciertas circunstancias precisamente determinadas por el derecho”; es decir, se debe tratar en cualquier caso de una “comunidad jurídica primitiva”.

Para el iusfilósofo, “[e]l individuo o el grupo cuyo derecho ha sido violado es quien está autorizado para emplear la fuerza contra el individuo o el grupo responsable de la violación del derecho”. Nótese que de entrada no hay mención de órgano coercitivo alguno, dejando a los individuos la tarea de procurarse una satisfacción que engendra la venganza privada. Al proseguir, Kelsen (íd.) aclara: “Aunque en el derecho primitivo prevalece el principio de la auto-ayuda, el acto coercitivo no considerado como un entuerto, como la venganza de sangre por ejemplo, tiene el carácter de una sanción y es interpretado como una reacción de la comunidad jurídica contra el transgresor, se trata del monopolio de la fuerza por la comunidad.”

Atendiendo a este esquema que desciende desde el Estado institucionalizado ejerciendo sus funciones a través de sus funcionarios hasta la comunidad como orden social que emplea la fuerza a través de órganos a los que autoriza tal ejercicio y la comunidad primitiva que admite la sanción como respuesta a una infracción castigada por la comunidad, permanece la duda acerca de si en la última se admite la práctica de la caza del hombre; es decir, si ésta puede justificar la intervención de la jauría humana como una respuesta al robo reiterado, en el caso argentino y francés, o al asesinato, en el caso peruano.

Aunque en la comunidad primitiva jurídica se halla consagrada la autotutela, siguiendo escrupulosamente a Kelsen sólo se admitiría la legitimidad de tales respuestas si éstas se han constituido en sanciones previstas por dicha comunidad al actuar normativamente. Surge así de inmediato la cuestión: ¿Puede llegar a constituirse la jauría humana en comunidad, aún en estado primitivo?

Habría que partir de la idea kelseniana de comunidad como un “orden social” y compararla con los rasgos que presenta el colectivo de cazadores, recuperando las características de la jauría que proporciona W. Sofsky (2006: 157-158) quien señala:

“En la caza humana se persigue a otros hombres para atraparlos, despojarlos, ahuyentarlos, torturarlos, matarlos o comerlos. En ocasiones la caza toma una apariencia de legitimidad oficial para justificar posteriormente la sed de violencia. […] De hecho, el fantasma social no tiene ninguna importancia, pues la caza del hombre no necesita razón ni estereotipo. Tiene su fin en la acción misma. […] En la caza del hombre no hay dos enemigos enfrentados en igualdad de condiciones. Las víctimas no tienen ninguna posibilidad de defenderse […]. Pues la jauría humana parece inatacable. […] El origen de su aplastante superioridad no es de orden técnico, ni tampoco numérico. […] Esta superioridad tiene su origen en la manera de actuar: en la movilidad, la resolución y la brutalidad de su proceder.

La caza es un acontecimiento limitado en el tiempo. Comienza con el ataque y dura hasta el momento en que la víctima es atrapada. Pero apenas la presa es repartida, la jauría deja de existir. Sus miembros se separan, se dispersan o regresan al lugar de donde habían venido. […] Pero es indispensable distinguir netamente entre el movimiento de la multitud perseguidora y aquellas estructuras relativamente estables en las que la sociedad se asegura su permanencia. Sólo así se pueden apreciar en general las metamorfosis sociales, sólo así se puede preparar el estudio anatómico de la multitud perseguidora.”

Se hace evidente, de esta descripción, el carácter efímero de la jauría que contrasta con la voluntad de conservación y permanencia tanto del Estado como de la comunidad garante de orden y guiada por tal propósito, incluso siendo primitiva, que aleja a ambos órdenes normativos del desbordamiento de la violencia que exhibe la multitud descontrolada, carente de racionalidad y, también –prescindiendo esta vez de Kelsen– de justicia.

Otro gran autor iuspositivista, N. Bobbio (1985: 10), en el artículo “La crisis de la democracia y la lección de los clásicos” acertaba al percibir la amenaza que se cierne sobre el Estado cuando éste consiente en la desmonopolización del uso de la fuerza física quedando comprometida su propia entidad de Estado. Bobbio se sostiene en las premisas hobbesianas para advertir: “existe un estado cuando sobre un determinado territorio se ha llevado a cabo el proceso de monopolización de la fuerza física, de ello se sigue que el estado, o la “forma de estado”, como se dice ahora, deja de existir cuando, en determinadas situaciones de acentuada e irreducible conflictualidad, el monopolio de la fuerza física va a menos o incluso, como sucede en las relaciones internacionales, no ha existido nunca”.

Hay que recordar, a estas alturas, que la fuerza que usa el Estado está sometida al Derecho, como exigía Kelsen, todo lo cual permite trazar una evolución desde aquel Estado entendido como “pura potencia” (Bobbio, 1985: 11) hasta la consagración del “Estado de Derecho” sometido a normas generales de garantía para impedir la arbitrariedad y limitar el uso desmesurado de la fuerza estatal, precisando qué órganos pueden ejercerla, en qué circunstancias y en base a cuáles procedimientos; de ese modo es posible distinguir “la fuerza legítima de la ilegítima”, considerando si ésta proviene del poder soberano, así como “la fuerza legal de la ilegal”, atendiendo a si es empleada conforme a las leyes o contra éstas. Prohibir el uso de la fuerza en cárceles y manicomios, o impedir que los padres maltraten a sus menores hijos o los profesores a sus alumnos es parte de la tarea de consolidación de un Estado de Derecho, según Bobbio.

Pero, los Estados actuales han ido mucho más allá respecto de la violencia y el uso de la fuerza estatal. Dos siglos después de las revoluciones que borraron de la historia a las monarquías absolutas, el mundo occidental ha consagrado los Estados de Derecho democráticos, en los que, precisa Bobbio (1985: 12), “está vigente la regla fundamental de que en cada conflicto el vencedor no es ya quien tiene más fuerza física sino más fuerza persuasiva, o sea, aquél que con la fuerza de persuasión (o de la hábil propaganda o incluso de la fraudulenta manipulación) ha logrado conquistar la mayoría de votos”.

Nada en esta evolución de una exigencia de racionalidad del actuar del aparato político y de la comunidad es compatible con los rasgos caracterizadores de la jauría humana, que, como precisa W. Sofsky (2006: 159): “Su acción obedece siempre a un propósito, pero éste no es necesariamente racional, ya que la fijación mental en el objetivo canaliza toda la energía y toda la atención. Las convenciones, los tabúes o la moral no harían más que obstaculizar la acción. Vacilar, demorarse o interrumpir la acción significaría aumentar la distancia. Este propósito exclusivo es ya portador de la brutalidad que se liberará en el momento de la captura y pondrá fin al proceso de multiplicación de las energías desencadenado en la persecución”.

Pero, si la actuación de la jauría humana debe estar proscrita en el escenario de intervención jurídica de la comunidad o del Estado puesto que favorece la reemergencia descontrolada de la guerra de todos contra todos, ¿cómo valorar el argumento recurrente proferido por la sociedad civil de Argentina, Perú o Francia, que explica los linchamientos en otro fenómeno denominado: “ausencia estatal”?

No hay duda que las oportunidades para que se lleve a cabo la caza del hombre son directamente proporcionales a las omisiones en la intervención de los funcionarios policiales para proveer una serie de prestaciones que los Estados modernos deben asegurar, entre otras la protección de la vida, la integridad física y los bienes de honrados ciudadanos que quedan transformados por el furor. Como apunta Sofsky (2006: 162): “Hombres que estando solos jamás se atreverían a levantar siquiera la mano a nadie, cuando se integran en un grupo son capaces de cometer repentinamente brutalidades insospechadas. El grupo hace desaparecer el miedo. Formando parte de él no se corre ningún peligro. Nadie es responsable”.

Bobbio percibió con meridiana claridad este problema ya a mediados de los años ochenta y lo configuró como parte de un diagnóstico que arrojaba como resultado un proceso de “crisis de la democracia”. Treinta años después de aquel artículo, Francia, país europeo de liderazgo mundial, sufre los efectos de la peor crisis económica de las últimas décadas y ello le hace difícil a sus gobiernos electos cumplir con compromisos asumidos con sus votantes durante las campañas electorales; por su parte, dos estados latinoamericanos que han retomado la senda democrática deben lidiar con amplios bolsones de pobreza incompatibles con los estándares de vida en democracia.

Las expectativas generadas por los pueblos francés, peruano o argentino dan pie a un escenario de ingobernabilidad, “entendida –dice Bobbio– como consecuencia de la desproporción entre demandas que provienen cada vez en mayor número de la sociedad civil y la capacidad que tiene el sistema político para responder a las mismas”. Indudablemente, una de las mayores demandas insatisfechas en escenarios de penuria económica es la que reclama seguridad, sobre todo en centros urbanos precarios económica e institucionalmente como los tres mencionados, donde la presencia policial es mínima y la violencia, que el Estado democrático debía difuminar, se respira a flor de piel.

Si está en crisis el Estado democrático, la presión sobre el Estado de Derecho deviene en inmediata; se agrava el riesgo de una reducción de garantías frente al uso de la fuerza pública para contener a los descontentos y, por último –advierte Bobbio– el Estado, en tanto pura potencia, se ve arrastrado al peligro del colapso cuando son los individuos los que deben vérselas frente a quienes les agravian, ladronzuelos o bandas criminales, resultando un drama mayor si los actos violentos se redirigen a los propios funcionarios encargados de garantizar el orden tras haber perdido la confianza ciudadana.

En conclusión, la caza del hombre es apenas un mero indicio de un proceso intolerable cuyas prolongaciones comprometen a toda la institucionalidad democrática de los Estados occidentales en que este fenómeno se hace presente. Así como el Estado y los ciudadanos no pueden seguir permitiendo la actuación de jaurías humanas, tampoco es admisible que las instituciones se sigan desentendiendo de la tarea prioritaria que da sentido a la existencia de cualquier cuerpo estatal en el mundo: garantizar seguridad a quienes viven en sus territorios. Soltar las correas de transmisión que conectan todos estos engranajes solo puede llevar al caos total, a la vuelta al desastre de las luchas intestinas que los tres países han registrado en sus historias cuando estaba ausente la democracia.

Edgardo Rodríguez Gómez

Integrante del Gidyj

Publicado en Los Andes I y II

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